ASF detectó presunto daño patrimonial de 35 mdp a la ex fiscal Verónica Hernández
• Hubo varias irregularidades en el manejo de los recursos públicos
Jair García
La Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño patrimonial por poco más de 35 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, durante la gestión de la ex titular Verónica Hernández Giadáns.
Entre las irregularidades más graves, está haber pagado a personal que no contaba con el perfil, el título, la cédula profesional ni la preparación académica y profesional para ocupar tales puestos y sin embargo lo solapó.
De igual forma, vehículos oficiales que debían ser usados para el traslado de personas aprehendidas o para trabajos de investigación fueron utilizados para fines distintos, incluso uno para su secretario particular.
Mal uso de la nómina
En el ejercicio de los recursos, en cuanto al cumplimiento normativo, la Fiscalía General de Estado de Veracruz incurrió en inobservancias, por el pago a trabajadores que no contaron con el título o cédula profesional requeridos conforme al catálogo sectorial y la normativa interna de la fiscalía; por las cargas de combustible realizadas antes del inicio de la vigencia del contrato; por los pagos realizados en la adquisición vehículos asignados a áreas distintas a las previstas en el dictamen; por los pagos efectuados del consumo de combustible fuera del territorio del estado de Veracruz, por pagos de cargas de combustible a vehículos que no se encontraron registrados en el padrón vehicular de la fiscalía y por el servicio de impresión no realizado conforme lo contratado, lo que generó un probable daño patrimonial de 35 millones 366 mil 900 pesos.
“En conclusión, la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos de gasto federalizado con los que se financiaron las operaciones fiscalizadas, ya que no se ajustó a la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones y servicios, así como de servicios personales”, concluyó la Auditoria Superior de la Federación.