La reforma constitucional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios públicos, podría generar un ahorro aproximado de cinco mil millones de pesos anuales para las finanzas públicas, señaló la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.
En entrevista con el programa Aristegui en Vivo, la legisladora defendió la iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores de México, y sostuvo que la reforma busca terminar con esquemas de jubilación que durante décadas permitieron el pago de pensiones muy elevadas con recursos públicos.
“Es indignante que haya personas que ganen un millón de pesos mensuales debido a esta pensión, porque son personas que ya se jubilaron”, afirmó.
Castillo explicó que algunos de estos beneficios se otorgaron a extrabajadores de instituciones públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y el Banco de México (Banxico).
Según indicó, en algunos casos bastaba con haber trabajado periodos muy breves para acceder a estas prestaciones.
“Por haber trabajado incluso en algunos casos nada más tiempos muy cortos, hasta tres meses, se jubilaban con una pensión que se le ha denominado efectivamente pensiones doradas”, explicó.
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que ninguna pensión de exservidores públicos podrá superar el 50 por ciento del salario de la persona titular del Poder Ejecutivo federal.
Con base en ese criterio, el límite aproximado para estas pensiones sería de alrededor de 70 mil pesos mensuales.
De acuerdo con la senadora, el respaldo unánime que recibió la reforma en el Senado refleja el consenso político para terminar con beneficios que resultaban desproporcionados frente a los ingresos de la mayoría de la población.
Castillo señaló que el ahorro estimado de cinco mil millones de pesos al año podría destinarse a programas sociales y otras necesidades públicas, lo que representaría un uso más equitativo de los recursos del Estado.
La legisladora añadió que muchos de estos esquemas se originaron décadas atrás y se consolidaron durante el periodo neoliberal, cuando las pensiones se otorgaban con discrecionalidad dentro de distintas instituciones públicas.
En tanto, sobre la posibilidad de que algunos beneficiarios recurran a tribunales, Castillo reconoció que podrían presentarse recursos legales. Sin embargo, subrayó que la reforma fue incorporada directamente a la Constitución por lo que no hay recursos en contra de ella.
“Lo que se reformó fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 127, y por tanto, esto no se puede impugnar”, afirmó.
Finalmente, la senadora adelantó que será la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien dé a conocer próximamente el número exacto de beneficiarios que podrían verse afectados por la nueva disposición constitucional.
Fuente: Polemón