En respuesta a desplegado de Krauze y Camín; logran 34 mil firmas a favor de AMLO
Sinlíneamx.com
En una iniciativa dada a conocer por la ciudadanía, encabezada por los intelectuales de izquierda, el caricaturista Rafael Barajas (Fisgón Monero) y Pedro Miguel, en respuesta al desplegado de los 650 abajofirmantes.
En un texto titulado “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra”, ha logrado reunir hasta el momento 28 mil firmas de personas que han apoyado esta nueva iniciativa.
El documento, promovido en redes sociales, se señala que han logrado las firmas de más de 34 mil ciudadanos.
En el texto se advierte que la “amplia y libre difusión” que alcanzó el desplegado del jueves pasado, “niega de manera contundente su principal aserto: que la libertad de expresión está ‘bajo asedio’. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país”.
Menciona que estos firmantes “querrían suprimir ese debate, amordazar al Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral”.
Acusa a los autores del desplegado de los 650 abajofirmantes, de no poder demostrar un solo acto de censura durante del Presidente López Obrador y que su único argumento es la sanción administrativa impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la revista Nexos, “no por lo que se publica en ella sino porque falsificó un documento del Infonavit”.
Consideran que no hay “amagos judiciales” a “medios y publicaciones independientes”, sino una revisión general de los “vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productoras bienes de consumo, servicios o publicaciones”.
Del mismo modo, señala a las organizaciones autodenominadas ciudadanas, que utilizaron como membrete diversas causas sociales, pero “eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales”.
Sobre los recortes a los organismos autónomos que critica el desplegado encabezado por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, en el desplegado ciudadano se explica que se trata de la ley de austeridad, pero los opositores se resisten.
Señala que los directorios de esos organismos, “sus miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencia en el que vive más de la mitad de la población”.
“Quienes hoy temen que “el odio llegue al río”, exhiben su elitismo y desconocimiento del pueblo mexicano y su civilidad. Son los mismos, señalan, que por décadas “endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores –fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia–, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales”.
“El perdurable repudio popular que padecen”, mencionan, “no es producto de las expresiones presidenciales sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país en ruinas. Aun así, más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer”.
Por último, celebran frente a “quienes operaron como privatizadores de la palabra”, la libertad de expresión “irrestricta” que se respira, así como el estado de Derecho que el Ejecutivo impulsa en el país. “Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie. Su abusivo monopolio de la opinión pública ya terminó y no volverá nunca”, advierten.
