De acuerdo con el reportaje “Club Mancera: el Gobierno oculto de la CDMX”, durante la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), un centro de espionaje monitoreaba a ciudadanos, funcionarios, académicos y políticos, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, así como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
En estos documentos, parte del análisis forense informático que integra una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detallan ejemplos de lo obtenido en el edificio entre 2016 y 2018: miles de minutos de conversaciones telefónicas y mensajes intervenidos de aplicaciones como Telegram, decenas de sábanas de llamadas y el seguimiento de 119 políticos, académicos y funcionarios públicos como la senadora Patricia Mercado —entonces secretaria de Gobierno— o el también senador y exdelegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Los documentos también muestran que la trama de espionaje comenzó, al menos, un mes y 11 días después de que Miguel Ángel Mancera asumiera como máximo responsable de la capital del país. Y que se desmanteló durante los últimos meses del sexenio.
A las preguntas de estos reporteros sobre si conocía esta operación de espionaje, la semana pasada el exjefe de Gobierno se limitó a contestar que el trabajo de las autoridades de Ciudad de México es investigar.
Según la investigación abierta en la Fiscalía, el coordinador de la casa espía de Sterling fue Gustavo Caballero, hasta entonces policía de investigación. Caballero, ingeniero en computación, había encabezado la Unidad de Investigación Cibernética en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular de la PGJDF. En su nuevo papel, coordinaba a un equipo de al menos 30 personas en horarios de seis de la mañana a las 00:00 de lunes a viernes y de 9 a 16 horas en fines de semana. Los empleados, además de realizar las escuchas telefónicas, seguían ubicaciones y armaban supuestos planes de seguridad para la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México. Para ello contaban con al menos 42 computadoras, drones, 10 motos y 12 autos, de acuerdo con los documentos. En la entrada de Sterling 15, un edificio de tres plantas situado a pocos minutos a pie de la Procuraduría, varios policías auxiliares tomaban nota de los accesos, pero no había ningún señalamiento de que en este inmueble existieran oficinas de servidores públicos.
Desde el 16 de enero de 2013, el puesto oficial de Caballero era el de de director general de técnicas y tecnologías de la Coordinación General de Políticas de Administrativas de Planeación y Organización de la PGJDF. Su sueldo, de 94,000 pesos mensuales. Sin embargo, según tres altos funcionarios de la capital consultados para este reportaje, Caballero nunca se reportaba a la Procuraduría, sino a Héctor Serrano, secretario de Gobierno hasta 2015 y hoy diputado federal, con el que se reunía semanalmente.
Después de su renuncia el 15 de mayo de 2018, Caballero continuó visitando la casa al menos hasta octubre en su camioneta Mercedes Benz, según las actas de registros de entrada. El análisis forense informático indica que, durante las semanas previas a las elecciones de julio de 2018 hasta el 5 de diciembre, los operarios de Sterling se encargaron de eliminar miles de archivos de las 42 computadoras, así como de sacar 23 laptop HP del edificio. Por ejemplo, horas después de la toma de posesión del gobierno de Claudia Sheinbaum se borraron 365 mil archivos.
La jefa de Gobierno, por medio de su equipo de comunicación, aseguró que antes de asumir el cargo no conocía la existencia de la casa espía, pero que era “un secreto a voces” que el gobierno de Mancera espiaba a la oposición. En su respuesta a este reportaje añadió que durante la campaña sufrió “un seguimiento personal” y que una persona de confianza le advirtió de que la vigilaban de varias formas.
El 6 de diciembre del 2018, la nueva Fiscalía recibió una denuncia: se habían llevado equipo de una oficina en la calle Sterling. Cuando el personal de la Fiscalía llegó a las instalaciones encontraron un edificio desmantelado en el que estaban apenas 15 personas. “Se veían unas instalaciones con mucho cableado de video y de cómputo sin equipos. De hecho, algunos pisos estaban ya prácticamente deshabitados. Había una o dos computadoras, que eran la parte de la Secretaría de Gobierno, porque el edificio lo compartían tanto la Fiscalía como la Secretaría de Gobierno”, dijo uno de los agentes presentes en el operativo.
El trabajo de análisis forense informático, dijo Ernestina Godoy, la fiscala de Ciudad de México, lo realizó un equipo federal porque las autoridades capitalinas desconfiaban entonces de su propia policía cibernética.
