Gobierno de Yunes violentó derecho a la seguridad jurídica y garantías judiciales de empresarios veracruzanos: CEDH
Xalapa,Ver.-(Redacción Gobernantes)De acuerdo con la recomendación 155/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares violentó el derecho a la seguridad jurídica en relación con las garantías judiciales de 16 empresarios veracruzanos con los que el estado mantiene adeudos desde la administración de Javier Duarte de Ochoa.
La CEDH recordó que el 27 de septiembre de 2017, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, fue publicado en el número extraordinario 386 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016, a cargo de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal con proveedores y contratistas.
La sentencia del organismo a favor de los 16 proveedores que presentaron una queja el 22 de octubre de 2018, refiere que: «Tal y como su denominación lo enuncia; dicho ordenamiento estableció que la Sefiplan sería la dependencia responsable de conjuntar la información y documentación correspondiente para acreditar adeudos reclamados por el período especificado y que después de la realización del procedimiento correspondiente publicaría en su portal electrónico el resultado de las diligencias realizadas para determinar la oportunidad de los respectivos pagos».
La sentencia de la CEDHV señala que «la omisión por parte de la autoridad para revisar y validar el acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016 a cargo de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal con proveedores y contratistas se traduce en una violación de tracto sucesivo hasta en tanto éste no se cumplimente».
En la resolución de los 16 expedientes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala que durante la investigación de hechos la Secretaría de Finanzas fue omisa en indicar ante la pregunta expresa sobre la realización de alguna acción o diligencia tendente a dar cumplimiento al acuerdo referido.
De esta forma, el organismo instó a que se inicie un procedimiento administrativo contra los servidores públicos involucrados en el caso, por haber incurrido en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, así como la validación de los adeudos.
«La Sefiplan deberá tomar las acciones necesarias dentro de sus facultades legales que garanticen el cumplimiento de las disposiciones previstas en el acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y, en su caso, validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016, a cargo de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal con proveedores y contratistas», señala el documento.
De la misma forma, recomienda capacitar eficientemente al personal involucrado en los hechos, en materia de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente en relación con el derecho a la seguridad jurídica y garantías judiciales. También solicita que se evite cualquier acción u omisión que revictimice a las personas físicas y morales.
De la resolución se desprende la probable existencia de más personas físicas y/o morales que pudieran encontrarse en la misma circunstancia que las víctimas, por lo que el organismo dejó abierta la posibilidad de solicitar la intervención con posterioridad. De acuerdo con la agrupación de empresarios SOS los adeudos ascienden a 450 millones de pesos desde el periodo 2010-2016 con al menos 105 proveedores.
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