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Las pasadas dos semanas han sido de gran actividad política principalmente debido a la votación de la iniciativa para cancelar 109 de los más de 300 fideicomisos existentes para dispersar los recursos que el gobierno destina a diferentes rubros que representaban un fondo mayor a 68 mil millones de pesos a los que políticos, asociaciones y empresarios corruptos podían acceder con gran opacidad de las más diversas formas y por ello hemos visto una feroz defensa a esta figura por parte de todos los ámbitos del conservadurismo.
Debemos partir de que, para empezar la figura de los fideicomisos representan una estructura redundante al ya existir procesos y mecanismos en las diferentes secretarías para la dispersión de recursos, con bases y fundamento legal y con supervisión de la Auditoría Superior de la Federación, caso contrario a los fideicomisos que reservan partes vitales de su revisión escudándose en el secreto fiduciario.
Por otro lado, el mecanismo que tanto defiende la oposición y, sorprendentemente algunos de los que dicen apoyar a la cuarta transformación, permitía una alta discrecionalidad en la selección de los beneficiarios, pues quienes estaban encargados de evaluar a los solicitantes eran designados por las mismas instituciones financieras que administraban los recursos, sin una clara rendición de cuentas.
Al permitir una extrema opacidad en su operación y destino final de los recursos provenientes del erario, sólo se puede concluir que fue una estructura diseñada para el saqueo y el tráfico de influencias, convirtiendo a muchos legisladores en viles “coyotes” especializados en “bajar recursos” para su conveniencia política y económica.
Así vemos como del tan defendido FONDEN, a la fecha se encuentran “extraviados” más del 70% de los recursos utilizados, con la sospecha de malversación de esos fondos, sobre todo lo que se supone que se había destinado para solventar los daños producidos por el terremoto que sacudió a nuestro país en 2017.
Sí, el FONDEN fue saqueado aprovechando la desgracia de miles de familias; de ese tamaño es la miseria de algunos políticos.
El colmo quizá lo representen las becas destinadas a la investigación en ciencia y tecnología, donde la discrecionalidad llegó a niveles ofensivamente absurdos, patrocinando becas a hijos o sobrinos de destacados políticos con unas vacaciones por Europa sin siquiera tomarse la molestia de simular una investigación científica.
Pero el grado extremo es el fondeo a un cocinero fracasado para desarrollar una salsa para espagueti, de suficiente cuantía para permitirle abrir no uno, sino varios restaurantes “de lujo”, como si esta “investigación” fuera esencial para el desarrollo de nuestro país. Y todo porque el cocinero tuvo la suerte de que su primo llegara a ser secretario de estado.
Lo que más intriga es la fuerte defensa que unos pocos científicos hacen de este esquema claramente fraudulento y discrecional que realmente no fomenta la investigación científica y tecnológica seria, lo que hace pensar en la imperiosa necesidad de auditar a esos férreos defensores que quizá realmente no tengan el mejor interés de la sociedad en mente.
Hasta aquí solamente hemos analizado la discrecionalidad en la entrega de recursos, pero hay mil y un maneras en que se hacía mal uso de los fondos, como negocios turbios, lavado de dinero y la indigna tutela casi paternal a quienes recibían los fondos, tratándolos casi como infantes a quienes hay que decir quien, como, cuando y porqué deben utilizar sus becas.
A pesar de la garantía del gobierno federal de que los recursos para becas y fondeo de proyectos no será detenido y de la confirmación por parte de la Hacienda pública de que esos fondos estarán disponibles, hay una fuerte resistencia que llega hasta lo risible, como las lágrimas de congresistas opositoras que no fueron derramadas por los niños de la guardería ABC, por los jóvenes de Ayotzinapa y tantas otras tragedias infames del pasado, pero que ahora derraman hipócritamente.
El argumento más recurrente ha sido el tramposamente cuestionar por qué no auditar primero los fideicomisos para así sólo desaparecer aquellos que sean encontrados corruptos, quizá con la intención de que se caiga en el juego de sumergir al estado en una pantanosa lucha legal que llevaría años, mientras ellos siguen saqueando al país.
Es claro y evidente que todavía queda un largo camino por recorrer, pero la determinación del primer mandatario y el apoyo irrestricto del pueblo que lo llevó al poder nos llevará a la purificación del gobierno y a la moralización de la política, lo cual dará como resultado un cambio irreversible, que es lo que significa realmente la cuarta transformación.
