Contraloría General de justicia inhabilita por un año a Miguel Ángel Mancera
La inhabilitación fue petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por transgredir las normas electorales en 2018. Con esta medida, Mancera no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la capital.
La Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México inhabilitó por un año al exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa. Esta resolución fue impuesta el pasado 5 de octubre, fecha en la que comienza a correr la sanción y concluirá en octubre de 2021, reportó el Órgano de Control. Sin embargo, esta medida no lo imposibilita para continuar con sus labores como legislador del PRD.
De acuerdo con citado medio, “el castigo proviene de la queja que presentó el PRI en marzo de 2018 contra Mancera Espinosa, en su calidad de jefe de Gobierno, y de Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, por la difusión de promocionales en radio y televisión durante el periodo del proceso federal electoral 2017-2018 en favor de Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a la Presidencia por la coalición Por México al Frente”.
MIGUEL MANCERA Y LSO FUNCIONARIOS DETENIDOS POR USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS:
El pasado ocho de octubre ocurrió la más reciente de las detenciones de funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México (2012-2018). Se trata de Jorge Eduardo “N”, exdirector general de Construcción de Obra Civil en la Secretaría de Obras y Servicios.
El exfuncionario es considerado presunto responsable de una supuesta contratación indebida de empresas privadas y pago de sobreprecio, para la demolición de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Lo detuvieron en el municipio de Corregidora, en el estado de Quéretaro.
Además, el detenido participó como colaborador de Édgar Tungüí Rodríguez, comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, quien ahora es buscado por la Interpol.
Jorge Eduardo y otros dos funcionarios otorgaron contratos por 12 millones 151 mil 339.21 pesos y 3 millones 869 mil 996.90 pesos, a las empresas (REM) Ingeniería Ecológica S.A. de C.V. y a la Constructora Vallento S.A. de C.V, respectivamente.
Y esta captura se suma a una lista, cada vez más larga, de funcionarios que durante la gestión de Miguel Ángel Mancera presuntamente cometieron delitos por operaciones indebidas.
A principios de marzo de este año un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la capital mexicana vinculó a proceso a Miguel Ángel Vásquez Reyes, quien fuera el operador financiero de Mancera, acusado de delitos cometidos por servidores públicos y uso indebido de atribuciones. También es investigado por su vínculo con un presunto fraude por más de 190 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para la compra de tarjetas de identificación para los empleados del gobierno capitalino.Además, en julio de 2019 fue detenida quien fuera su pareja sentimental, Berenice Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas, junto con José Iván Morales Palafox y Gabriel Rincón Hernández, también ex servidores públicos de la misma secretaría.
Según la investigación, los implicados en la trama aseguraron que “operaron solos”, buscando deslindar al ex jefe de gobierno Mancera.
De igual manera, en diciembre de 2019 un juez de control dictó como medida cautelar prisión preventiva, en contra de Joel Pazol Ruíz y Sinthya Campos Hernández, también servidores públicos durante la administración de Miguel Ángel Mancera, acusados de ocasionar un perjuicio a la Hacienda Pública de la capital.
Casi a la par cayó Fernando Javier Linares exfuncionario que fungió como Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, él fue acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades.
Por su parte, en más de una ocasión, Miguel Ángel Mancera, quien ahora es senador del país, se ha dicho tranquilo respecto a las detenciones. Además se pronunciado también con total disposición para comparecer ante las autoridades de justicia correspondientes en el momento en que así se lo soliciten. Sin embargo, todo indica que aún no se le ha hecho dicho llamado.