La Audiencia Nacional descarta que el dueño de Altos Hornos de México sea un perseguido político
El empresario de Altos Hornos de México (AHMSA) fue detenido en Palma de Mallorca en mayo de 2019. México había ordenado su arresto por sus vínculos al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusado de corrupción.
La Fiscalía General investiga cuatro transferencias por 3.4 millones de dólares hechas entre junio y noviembre de 2012 desde la empresa de Ancira a Tochos Holding, una sociedad en un paraíso offshore donde el exdirectivo petrolero recibió sobornos para comprar una casa a cambio de favores. La Audiencia Nacional ha dado luz verde este viernes a la entrega del empresario al considerar que los hechos perseguidos por México no han prescrito y son también delitos en España. También descartó que existiera una persecución política.
La llegada de Ancira a México reactiva el caso que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue en contra de varios políticos vinculados con la cúpula de la Administración de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) siguen la estela de corrupción que dejaron los sobornos pagados por Odebrecht en México. Según las autoridades, Lozoya encabeza una trama de corrupción que repartió dinero a senadores del Partido Acción Nacional (PAN) para asegurar la aprobación de la Reforma Energética, que abría el sector al dinero privado.
La entrega de España del empresario avala la narrativa de las autoridades mexicanas. Lozoya adquirió una casa en la lujosa zona residencial de Lomas de Bezares en noviembre de 2012, después de haber recibido las transferencias millonarias. Un mes después, ya como director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto (diciembre de 2012-diciembre de 2018), sugirió al consejo de administración de la petrolera rehabilitar y adquirir la planta de Agronitrogenados de Fertinal, propiedad de AHMSA. Esta llevaba inactiva 14 años y fue comprada a sobreprecio por 275 millones de dólares cuando su valor había sido tasado en 58 millones. Los hechos que se le imputan hoy a Ancira por esta transacción son cohecho y lavado de dinero o malversación de recursos públicos.
El auto emitido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afirma que en este caso no existe una persecución política, un argumento utilizado por Ancira frente a los jueces para frenar su entrega a México. El tratado de extradición de España y México afirma en su artículo 4 que las entregas no serán concedidas cuando los delitos sean considerados “políticos o de esa naturaleza”. En marzo de este año, el empresario había solicitado permanecer en España alegando que en su país no existía la justicia y que las acusaciones en su contra eran fabricaciones motivadas por venganzas políticas. “No es un sujeto que esté en su cordura… el presidente de México [López Obrador]”, dijo Ancira a la jueza María Riera.
Esto ha sido rechazado por los jueces españoles. “No se aprecian tales suposiciones, muy abigarradas y poco acreditadas”, señala el auto. “La reclamación versa sobre un delito común, de clara corrupción… donde se denuncia un fraude por sobre precio en la compra de una inservible y obsoleta planta de agro nitrogenados que produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas y una contraprestación en un inmueble de lujo”, señala el documento, en poder de EL PAÍS.
La planta de Agronitrogenados tenía el 60% de su maquinaria en estado inservible, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación. La operación abrió un boquete financiero en Pemex, que ya vivía aquejada económicamente. La compra le representó con el tiempo a la empresa del Estado pérdidas por 1.400 millones de dólares. Lo que fue anunciado como un intento por reactivar la industria de los fertilizantes era en realidad un pago de favores de un funcionario público a un empresario.
El ganador en esa transacción fue Altos Hornos. Los vínculos entre Ancira y Lozoya han sido comprobados desde entonces. El exdirector de Pemex hizo al menos 54 viajes en helicóptero a la torre GAN de Polanco, donde se encuentran las oficinas del empresario, que vuelve a México para encarar a la justicia.
La UIF afirma que el dinero que Lozoya utilizó para comprar la casa de Bezares en realidad salió de cuentas manejadas por Odebrecht, una empresa en el centro de varios escándalos de corrupción en toda América. El dinero fue blanqueado a través de paraísos fiscales. Esta sospecha llevó al Gobierno de López Obrador a congelar las cuentas de Lozoya, que hoy se ha convertido en colaborador de la justicia para desnudar un esquema de corrupción que apunta directamente a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Los casos no solo provocaron el congelamiento financiero de Lozoya. Afectaron a toda su familia. Entre ellas su hermana, Gilda Susana y su madre, Gilda Austin, de 71 años, quien fue detenida en Alemania en julio de 2019 y después trasladada a México. “La mamá de este innombrable Emilio Lozoya, con 75 años de edad, está detenida en su casa y todo porque su hijo le dio un cheque de 180.000 pesos. Estamos viviendo la injusticia que hay en México con esta señora madre que la tienen presa por un delito que alcanzaba libertad bajo fianza. Es un crimen”, dijo Ancira hace algunos meses. Ahora tendrá que enfrentar a la justicia.
