Orizaba, Ver. – El alcalde orizabeño Igor Rojí López resultó de piel muy sensible a las críticas de la ciudadanía, por lo que, haciendo uso de su poder, amenazó a una estación de radio para sacar del aire al conductor Rafael Franco Flores y su programa “Hablemos Franco y en abierto”, de lo contrario, les cancelaría los convenios publicitarios.
El malestar del edil fue porque el reconocido conductor de radio, con más de 35 años de trayectoria, lo encaró en un espacio público, para reclamarle el mal trato que la da a la ciudadanía y que es reproducido por la mayoría de los funcionarios municipales, siendo innumerables las quejas que a través de su programa se presentaban todos los días.
Rojí López sumamente molesto por este hecho, ordenó a sus subalternos comunicarse con la radiodifusora local por la cual se transmitía el programa en mención, para amenazarlos con quitarlos sus convenios publicitarios.
La estación de radio aprovechó que el conductor contrajo Covid-19, para congelar su programa de radio y sustituirlo en forma definitiva, dándole gusto así a la primera autoridad municipal, salvaguardando sus intereses económicos.
Las puertas le fueron cerradas a Rafael Franco, por lo que durante más de dos meses estuvo fuera del aire, hasta que otra radiodifusora local decidió hacer caso omiso a la censura velada del alcalde Igor Rojí, y le abrió los micrófonos para seguir dándole voz al pueblo, a la ciudadanía inconforme con el actuar de sus servidores públicos no sólo de Orizaba sino de toda la región.
Es así como de nueva cuenta, Rafael Franco regresó a hacer lo que más le gusta: ayudar a los necesitados y darle voz a quien el poder público pretende sobajar, a pesar de que el pueblo es el patrón de los ediles y servidores públicos.
A pesar de la conducta del alcalde, hasta el momento la Comisión Estatal para la Protección de los Periodistas no se ha manifestado en contra de este acto de censura y represión contra un comunicólogo de la talla de Rafael Franco, volviéndose cómplice, como en muchas ocasiones, de los represores de la libertad de expresión.
Cabe recordar que Igor Rojí enfrenta una denuncia penal por atentar contra la libertad de expresión, en este caso del pueblo orizabeño al que le prohíbe a toda costa pintar sus bardas o colocar carteles alusivos a la 4T, la llamada cuarta transformación, movimiento ciudadano que ha permeado en todo el país.
