(E-Consulta Veracruz)|Los alcaldes Ernesto Ruíz Flandes, de Altotonga (MC), Javier Castillo Viveros, de Alto Lucero (PANAL) y Lázaro Avendaño Parrilla, de Chinampa de Gorostiza (Morena) no podrán ser candidatos a un puesto de elección o representación popular local y nacional durante siete años, por incurrir en violencia política de género.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE) incorporó 15 sentencias de autoridades electorales y jurisdiccionales por violencia política contra mujeres de autoridades municipales y funcionarios de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Querétaro, Campeche, Oaxaca y Veracruz.
Del total de los recursos cuatro resoluciones corresponden al municipio de Altotonga. La Regidora Quinta, María Elena Baltazar Pablo acusó al alcalde de Movimiento Ciudadano, Ernesto Ruiz Flandes de obstaculizar su función pública; en consecuencia, el munícipe no podrá participar en las elecciones hasta el 2027.
Por lo anterior, Veracruz es la entidad con el mayor número de sentencias por la violencia política de parte de autoridades locales.Pero estas suspensiones temporales de derechos político-electorales son consideradas una medida insuficiente para Araceli González Saavedra y Mónica Mendoza Madrigal, integrantes de Equifonía A. C. y el Colectivo 50+1.
Ellas opinaron que Limitar la postulación de los ediles no evitará que incurran en violencia contra otras mujeres.
La historia de la reforma
El 18 de marzo del 2020 se votaron en el Congreso Federal cambios a la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos, en Materia de Delitos Electorales y la de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación, para sancionar la violencia de género.
Esos cambios se mandaron a las entidades federativas para homologar sus leyes locales. En Veracruz se aprobaron en julio del 2020 y establecían, entre otras acciones, generar un registro de personas sancionadas por autoridades jurisdiccionales que incurrieron en violencia política, y la posibilidad de negar el registro de candidatura a autoridades, funcionarios públicos y diputados incluidos en el listado.
Tanto el INE como el propio Organismo Público Local Electoral (OPLE) crearon su registro, nacional y local, que entró en funciones en diciembre del 2020.
Alcalde de Altotonga obstaculiza trabajo de regidoraLa última sentencia que emitieron magistrados del tribunal electoral contra Ernesto Ruíz Flandes fue el pasado 14 de enero, la cual limita su postulación por un periodo de 7 años.
La queja se acumula a tres sentencias en las que se denunció que el presidente municipal obstaculizó el trabajo de su compañera de Cabildo.
Los juicios ciudadanos marcados con los números 540, 552, 558 y 577 del 2020, confirman la actitud reiterada del alcalde de no convocar a la regidora o hacerlo en fecha y horas distintas a las que se reunía con el resto de los integrantes del Ayuntamiento.
La exclusión a las reuniones se dio en los meses de julio, agosto y septiembre del 2020; y se sumó la queja de falta de atención a las peticiones de la edil para que se le proporcionara información, incluso, se le daban datos parciales de lo que se analizó en las sesiones de cabildo.
Alcalde de Alto Lucero limita el trabajo de la Síndica El alcalde José Castillo Viveros, incurrió en acciones similares a las de su homólogo de Altotonga.
En su caso frenó el trabajo de la síndica Marisela Mora Fernández; ambos fueron electos por el extinto partido Nueva Alianza.Ha sido repetitiva la queja de la síndica que denunció la obstaculización de las funciones de su cargo público, incluso, en 2019 el alcalde determinó reducir su salario y el pago de su aguinaldo, por lo que la integrante del cabildo se quejó ante organismos jurisdiccionales.
En la sentencia del juicio ciudadano 574 del 2020, que llevó a la inclusión del alcalde al RNPS, se denunció que Castillo Viveros no permitió a Mora Fernández participar en los trabajos de la Comisión de Hacienda durante la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto 2021 que se envió al Congreso local.La incorporación de Castillo Viveros al RNPS se dio el pasado 14 de enero de este mismo año y no podrá ser postulado a ningún cargo de elección o representación popular hasta esa misma fecha, pero del 2027.
Alcalde de Chinampa de Gorostiza recorta ingresos a Síndica Lázaro Avendaño Parrilla de Chinampa de Gorostiza también fue incorporado al RNPS ante la queja de la síndica Ana María Garcés García.
La morenista denunció que el alcalde ordenó la reducción de su salario en octubre de 2019, y le impuso donar el 50 por ciento de su salario en abril de 2020, además de no pagarle el aguinaldo correspondiente a 2018 y 2019.
Como medida de represión por el juicio el alcalde determinó suspender el pago de su par en mayo del 2020; ante una nueva sentencia, se vio obligado a cumplir con el pago de la integrante del Ayuntamiento. Avendaño Parrilla estableció sacar de la nómina al asistente de Garcés García y ordenó que no tenía representación en el Ayuntamiento.
Ante las quejas reiteradas de la síndica, magistrados determinaron que había elementos para acreditar violencia política de género al limitar el desempeño de su compañera en la administración municipal.
La sanción se queda corta: feministas Araceli González Saavedra, integrante de Equifonía A. C., consideró que el limitar la postulación de un actor político para participar en una nueva elección resulta insuficiente, en especial porque el prohibir que pueda llegar a otro cargo de elección o representación no tiene una consecuencia positiva en la vida de las mujeres, “no responde al origen de la problemática, y no contribuye a la solución de la misma”.
Para cambiar las reglas de la política se hace necesario una análisis más amplio y complejo, ayudando a definir mecanismos para que las mujeres puedan acceder al poder y ejercerlo, pues en este momento sólo se impacta en la forma, se permite la inclusión de más mujeres en la política, pero no implica que puedan tomar decisiones, opinó la activista.
Por su parte, Mónica Mendoza, integrante del Colectivo 50+1 y encargada de despacho del Centro de Estudios de Género y Derechos Humanos de la 65 Legislatura, destacó que la elección del 06 de junio será la primera en la que se sancionará la violencia política de género y se negará el registro de algún candidato que cuente con sentencia de algún órgano jurisdiccional.
Organizaciones no gubernamentales plantearon a la autoridad electoral a nivel nacional y a los partidos políticos pedir, como un requisito para obtener el registro, presentar la 3 de 3, lo que implica que los aspirantes entreguen un escrito en el que reconozcan que no hay sentencia condenatoria por violencia, acoso, y que no tienen deudas por pensión alimenticia.
Coincidió en señalar que el limitar una candidatura es insuficiente, por lo que no descartó que una vez que concluya el proceso electoral se puedan revisar las leyes vigentes y hacer nuevas reformas que garanticen reducir la incidencia de casos de violencia política de género.
En Veracruz, como en otras entidades, hay casos de hombres que incurren de manera constante en violencia contra las mujeres, por lo que hizo un llamado a la sociedad a no votar por personas violentas, “es el mayor control para evitar que esos personajes lleguen al poder”.
