El Demócrata/ El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó cuatro denuncias penales contra exfuncionarios panistas del gobierno de Miguel Ángel Yunes, por presunto daño patrimonial en los años 2017 y 2018, al igual que contra personal de la Fiscalía General del Estado, por el manejo financiero en el periodo de Jorge Winckler Ortiz, al adjudicar una obra de manera directa.
La Auditora General, Delia González Cobos afirmó que, como parte de la nueva revisión que ordenó el Congreso local, se detectó un daño patrimonial adicional en la cuenta pública 2018 por un monto de tres mil 54 millones de pesos.
También, mencionó que, en el ejercicio del año 2018, se presentó una denuncia contra funcionarios del municipio de Veracruz, administrado por Fernando Yunes Márquez, hijo del exgobernador por el mal manejo de recursos públicos.
Fueron reiteradas las preguntas de diputados de Morena y del PRI sobre las querellas presentadas por el presunto desvío de fondos en 2017 y 2018 periodo de la administración de Miguel Ángel Yunes, dejando de lado el retraso en la fiscalización del 2019, luego de que se amplió el periodo de entrega 10 meses.
La diputada Mónica Robles Barajas, la primera en cuestionar al respecto, pidió detalle de las denuncias presentadas en el 2018, luego de la nueva revisión que ordenó el propio Congreso.
En respuesta, la funcionaria del ORFIS mencionó que una de las denuncias presentadas corresponde al sistema de videovigilancia por más de mil 44 millones de pesos; además, se denunció al municipio de Veracruz por no justificar el manejo de 10 millones 399 mil pesos.
Así como al Instituto Tecnológico Superior de Rodríguez Clara por irregularidades del orden de los 22 millones 504 mil pesos; y la última fue contra autoridades de Playa Vicente por no justificar el manejo de 472 mil 877 pesos.
“Lo que hace un total de mil 77 millones 840 mil 775 pesos con 53 centavos”, aclaró al tiempo que señaló que ahora está en la competencia de la Fiscalía General el dar avances sobre las investigaciones y la sanción a los responsables de malos manejos.
“Sale de nuestra esfera de competencia la labor que tiene una autoridad fiscalizadora vigilar los procesos judiciales, nosotros actuamos con ellos en la medida que integramos expedientes, les hacemos llegar documentación y estamos atentos y vigilantes que el proceso judicial siga, pero no está en nuestras manos la resolución”, respondió a la diputada del distrito de Coatzacoalcos.
Denuncias por más de 50 mil mdp en bienio Yunista, Orfis solo detecta daños por 3 mmpOtro que cuestionó sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), fue el diputado del PRI, Antonio García a quien le enlistó otras cuatro querellas.
Además del Sistema de Videovigilancia, le dijo, se denunció a quien resulte responsables por la reestructuración y liquidación de la deuda pública, luego de que se detectaron fondos de reserva que no aparecían en los fideicomisos por 8 mil millones de pesos; otra es por 18 mil 650 millones por la simulación de registro contable de la Cuenta Pública Consolidada del Ejecutivo del 2018.
La tercera, dijo, fue por simular el registro de la cuenta pública por 27 mil 455 millones que se presentó en junio del 2019; y la última fue contra la propia Fiscalía General, en el periodo de Jorge Winckler, por la adjudicación directa de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan.No cuadran los números entre ASF y OrfisJustificó que los datos de presunto daño patrimonial entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización no cuadra, debido a que no tiene los mismos tiempos para la revisión y cuando el ente federal da a conocer los resultados de la fiscalización no se permite la solventación de observaciones.
En cambio, dijo, el Orfis da cuenta del resultado de las auditorías después de que los entes fiscalizables justificaron el manejo financiero de los recursos.Por eso, dijo, en el 2017 la ASF reportó un presunto daño patrimonial por mil 500 millones, mientras que el Orfis, reportó mil 400 millones; para el 2018, la ASF encontró irregularidades por mil 800 millones y el Orfis por tres mil 600 millones, adicionales a la primera revisión.
