Desde 2019, enfrenta en libertad proceso penal por presunto desvío de dinero en SEFIPLAN
No obstante, semanas atrás policías buscaban detenerlo; ahora promueve amparo
Después de que el 4 de febrero del año en curso, elementos
policiacos acudieran a su domicilio para ejecutar una orden de
aprehensión en su contra, Tomás Ruiz González, exsecretario
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) durante el gobierno de
Javier Duarte, promovió un juicio de amparo para evitar ser
detenido.
Lo anterior, de acuerdo con su demanda que dio inicio al juicio
de amparo 35/2021 del Juzgado Segundo de Proceso Penales
Federales y Amparo en Materia Penal con residencia en Villa
Aldama, Veracruz.
En su escrito inicial, Tomás Ruiz González señaló que el 4 de febrero de 2021 fue informado por personal que trabaja para él que “varios sujetos vestidos con uniforme tipo policial se encontraban al exterior de su domicilio” ubicado en la localidad de Antón Lizardo, municipio
de Alvarado, Veracruz. Asimismo, el exfuncionario señala que, al ser atendidos por su personal, los elementos policiacos preguntaron por él señalando que tenían una “orden” en su
contra.
Por esas razones, expuso Tomás Ruiz, es que tiene temor de ser detenido ante la probable existencia de una orden de aprehensión en su contra, por lo que solicitó el amparo de la justicia federal en contra de 52 autoridades, entre federales y estatales, entre las que enumera
a servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jueces Federales en materia penal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y hasta de la INTERPOL.
Entre 2010 y 2013, Tomás Ruiz González se desempeñó como Secretario de Finanzas en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien cumple una condena por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Posteriormente, durante ese mismo.
En el 2019, Tomás Ruiz González fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de la comisión del delito de peculado, por el presunto desvío de 261 millones de pesos del Fondo Regional (FONREGION), mientras se desempeñó como Secretario de Finanzas. Sin embargo, se le otorgó la posibilidad de enfrentar el proceso penal en libertad.
