Cinco distritos indígenas son ocupados por personajes que no pertenecen a pueblos originarios; INE ha sido omiso y cómplice, acusa abogado
Por La Silla Rota | Tuxtla Guitiérrez.- En Chiapas, los caxlanes, personas mestizas y de alto nivel, han hecho de la política una «mina de oro», y más en los pueblos indígenas, al grado de no solo despojarlos de sus tierras, de sus culturas, sino hasta de sus representatividades en materia política.
A pesar de que la Ley Electoral reconoce que, de los 28 distritos electorales en todo el país, 21 serían destinados para candidaturas indígenas, en esta entidad del sureste mexicano se vive otra realidad: los cinco espacios que le corresponden en la materia son usurpados o pactados por personajes políticos totalmente desligados de los pueblos originarios.
Gabriela Patishtán, hija de Alberto Pastishtán –maestro indígena encarcelado de forma injusta por más de 13 años y quien fue indultado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto–, ya vive en carne propia el hecho de ser relegada de una candidatura a una diputación local por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el Distrito XI indígena con sede en Bochil.
Apenas la semana pasada, acudió al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Tuxtla Gutiérrez para impugnar la forma en cómo Karina Margarita del Río Zenteno fue electa como aspirante, por su partido, en un proceso interno morenista (a través de una encuesta) que, según ella, estuvo amañado.
La licenciada en Derecho, originaria del municipio de El Bosque, está convencida de que con esta clase de imposiciones nunca podrán cambiar las complicadas situaciones de los pueblos indígenas, «porque nosotros, los indígenas, sabemos las carencias y las necesidades que tienen las comunidades, pero con estas cosas ¡no se puede!»
En lo que para ella es una evidente repartición, al dedazo, de las candidaturas, se beneficiaría a esa persona por la injerencia de su esposo, «quien tiene que ver con la dirigencia estatal del partido, porque sin duda esa candidata, para empezar, no es indígena».
Por el momento, Gabriela tendrá que esperar hasta el 15 de abril para verificar si el IEPC aprueba las candidaturas interpuestas por los partidos, por lo que sería un día después cuando ella podrá impugnar ante el Tribunal Electoral.
No tenemos que callarnos, porque son actos de injusticia en contra de nuestros derechos políticos-electorales como personas indígenas», ataja
PRUEBAS FEHACIENTES DE LA USURPACIÓN
En la actualidad, las cinco personas que ocupan los distritos electorales indígenas en la Cámara Baja no solo se apoderaron de espacios que no les pertenecen e, incluso, no han hecho nada durante sus cargos, sino que además buscan reelegirse: Roberto Antonio Rubio (Distrito 11 de Las Margaritas) y Martha Dekker Gómez, son algunos de ellos. Humberto Pedrero, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, renunció a su diputación por el Distrito de Bochil y hoy ocupa un cargo en el IMSS.
Incluso, Manuela del Carmen Obrador Narváez, sobrina del actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, no solo se quedó con la curul correspondiente del Distrito I de Palenque en las pasadas contiendas, sino que también quiere relegirse, pese a que por sus venas no corre ni un mililitro de sangre indígena.
FOCOS ROJOS
En la elección de este año el panorama no pinta tan positivo: en asamblea en los cinco distritos indígenas, y ante lo que parece una evidente imposición de candidaturas, se impediría la instalación de las casillas, como consecuencia de la negligencia de los institutos políticos de violentar los derechos de los indígenas.
Esta medida, según la información obtenida, es que están invitados todos los pueblos indígenas que conforman el Distrito XXI local, con sede en Tenejapa, y el Distrito XI federal en Las Margaritas.
Gabriel Méndez, abogado comunitario de Oxchuc, el único municipio indígena de Chiapas en donde elegirán a sus autoridades por usos y costumbres, lamenta que el Instituto Nacional Electoral (INE) no solo sea omiso, sino también cómplice de la usurpación de las candidaturas que les pertenecen a los pueblos originarios, a pesar del acuerdo con el propio titular de ese ente, Lorenzo Córdova, desde 2018.
Lo que más les duele, dice, es que no se respete el que todos los partidos tengan que postular a sus candidatos que sean indígenas y que tengan un vínculo con las comunidades adonde pertenecen. Pero –insiste– el INE ha dejado en total indefensión a los pueblos originarios.
«Hay un agravio terrible a los pueblos indígenas, lo que se tiene que impugnar», afirma quien, de igual forma, presentó un escrito el pasado viernes ante el INE para que ponga atención en todas las candidaturas.
JORGE CONSTANTINO KÁNTER, PRIISTA DISFRAZADO DE MORENISTA
No solo se viven usurpaciones en las candidaturas, sino también la llegada de personajes «anti-indígenas», como Jorge Constantino Kánter, quien durante toda su vida militó y gobernó por el PRI, pero en estas contiendas va «vestido» de la Cuarta Transformación por la alcaldía de Las Margaritas, municipio con alta presencia de zapatistas, a los que, en su momento, despreció y hasta «combatió».
Para algunos cronistas, historiadores y periodistas locales, no es posible que alguien que amasó una buena fortuna con el acaparamiento de miles de hectáreas de tierra, a costa de los mismos pobladores indígenas, y quien además acuñó la frase: «Vale más un pollo que un indígena», intente gobernar un municipio con un alto grado de marginación y donde la mayoría de familias son tojolabales.
Para Raúl Vera, politólogo y escritor chiapaneco, la postulación de Constantino Kánter representa la postura más arcaica en torno a la posesión de la tierra y el latifundio de Chiapas.
De hecho, rememora, el priista de «hueso colorado» pertenece a un grupo de rancheros que dominaba la franja finquera de la Selva Lacandona, en donde muchas de esas propiedades rebasaban las mil hectáreas, «fincas en donde el método del peón encasillado permitió la formación de capitales familiares».
En sí, advierte, la figura de Jorge Constantino nada tiene que ver con los grupos que buscaban la justicia social a través de la lucha por la tierra, «pero tal parece que esto no lo saben en la franquicia electoral de Morena».
Ahora resulta, dice de nueva cuenta Gabriel Méndez, abogado comunitario, que Morena es el partido que violenta los derechos colectivos de los pueblos indígenas. «Hemos exigido estos derechos con la ley en la mano, pero tal parece que ni así entienden estas personas que usurpan la identidad», argumenta.
Para el luchador social, lo que de ahora en adelante exigirán es que se acepte la figura del candidato indígena independiente, y que sea el pueblo quien postule a sus candidatos y candidatas, desde sus asambleas y bases, y así tengan sus representatividades antes los congresos del Estado y de la Unión.
Mientras tanto, en Chiapas, el camino político parece dejar fuera a decenas, cientos o miles de indígenas que buscan ser escuchados desde una representación popular, en una curul, pero que se quedarían con las ganas porque, de nueva cuenta, el desdén y la usurpación están al acecho de sus usos y costumbres.
