La Consulta Popular para “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados”, que se tiene programada a realizarse este próximo 1 de agosto tiene componentes muy interesantes.
En primer término, la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de participar en dicha consulta, pues ha comentado que lo distraería de sus proyectos. De manera indirecta, ha mencionado que resultará sumamente complejo lograr que se juzgue a los ex presidentes pues estos se encuentran protegidos por grandes intereses nacionales e internacionales.
No es secreto para nadie, que -por mencionar dos casos emblemáticos- Carlos Salinas cuenta con la protección de los Bush o que Felipe Calderón cuenta con el favor del gigante energético Iberdrola. Tampoco, que todos ellos tienen aliados entre los multimillonarios del país que forman una élite con Poder real dentro y fuera del Gobierno y de la administración pública.
Lo cierto es que el presidente no quiere confrontarse de más con esos grupos.
De los expresidentes, podemos decir técnicamente todo. Desde la impunidad de que ha gozado Luis Echeverría (que ya tuvo un juicio por crímenes del Pasado), hasta los múltiples abusos y arbitrariedades de Carlos Salinas. También los excesos, la irresponsabilidad financiera o el fraude que ha implicado el FOBAPROA-IPAB autorizado durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la banalidad, cuando no estupidez de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, los atropellos y las decenas de miles de muertos y desaparecidos del espuriato de Felipe Calderón y la monstruosa corrupción de todos ellos en su conjunto.
En el 2018, la ciudadanía obtuvo uno de los más grandes logros que se hayan dado en la Historia del País: derrotar por la vía democrática al régimen de muerte y corrupción que se había instalado en Los Pinos. En una votación sin precedentes, se le dio el triunfo al actual presidente con poco más de 30 millones de votos.
La victoria fue por vía doble, pues además de apabullar a sus opositores, la voluntad popular determinó en las urnas que el triunfo fuera lo suficientemente holgado, para que ni toda la oposición junta pudiera alzarse con el triunfo, ni siquiera por la vía del fraude electoral.
El próximo 1 de agosto, la ciudadanía debe lograr una votación de poco más de 37 millones de sufragios. Esto es, 6 millones más de los que obtuvo el actual presidente. La proeza luce más que lejana, aunque no sea del todo imposible o inalcanzable.
Personalmente, espero que la concurrencia a las urnas, rebase con creces el número de sufragios requeridos. Aunque se corra el riesgo de no alcanzar la meta, el ejercicio democrático es indispensable para mantenernos informados y encaminados hacia una sociedad cada vez más libre y más justa. Ya he mencionado antes que vivimos una Democracia incipiente, que avanza poco a poco hacia una colectividad cada vez más participativa, instruida, soberana e independiente.
La participación de la sociedad en su conjunto es lo que enriquece a las Democracias. Los llamados que buscan confundir o que abiertamente inhiben la afluencia a las urnas, son hechos siempre por voceros identificados con los grupos más retrógrados del país.
Ningún demócrata auténtico debe de oponerse a este tipo de ejercicios. Conforme se acerque el día, veremos voces destempladas llamando a abstenerse. Nuestra obligación como ciudadanía es asistir a ejercer nuestro derecho a la Consulta.
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