En los últimos días se han generado múltiples notas periodísticas y declaraciones por parte de diversos funcionarios públicos en torno a los cambios al interior del Poder Judicial del Estado.
Por ello, el día de hoy realizo el presente comunicado, el cual, aclaro, expresa únicamente mi punto de vista.
Con el objeto de eficientar los recursos, el Poder Judicial del Estado ha tomado decisiones determinantes en los últimos días, que van desde el cierre de veintinueve juzgados en el Estado, hasta la recomendación hecha a los Magistrados y funcionarios de alto nivel para reducirnos voluntariamente nuestros ingresos totales.
La decisión se toma en un momento determinante y crítico en la historia del Poder Judicial del Estado.
Estas acciones derivan y forman parte de la austeridad republicana y que prevé un ahorro de millones de pesos, a través de la adopción de medidas eficaces de ahorro, austeridad, optimización y disciplina presupuestal, así como a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez plasmados en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Es así que el Poder Judicial del Estado de Veracruz inicia una reingeniería para la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros, siendo el objeto primordial de todo ello brindar una extraordinaria impartición de justicia, sin que el costo para el pago de los servicios represente una carga económica excesiva, motivo por el cual serán reencauzados recursos materiales, humanos y económicos.
En tales circunstancias, atendiendo como dije, al plan de austeridad, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a las recomendaciones hechas por el Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez a los poderes Legislativo y Judicial, y por el Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, a reducirse salarios, específicamente al señalar el Gobernador del Estado respecto al Poder Judicial que este atraviesa un momento de crisis económica, señalando que somos nosotros quienes debemos resolver esta situación, lo que incluye indudablemente, seguir esta recomendación; es por ello que informo, he tomado la decisión de reducir voluntariamente mi salario en un treinta por ciento, así como la homologación de bonos en esos términos, con el objeto de coadyuvar a la actual situación que enfrenta el Poder Judicial del Estado; pues tengo la certeza de que estas medidas son parte de la disciplina financiera para garantizar plazas de trabajo, el fortalecimiento del sistema judicial, la modernización de inmuebles, renovación de equipo informático y rumbo a la digitalización de los servicios, así como para proteger la salud de los trabajadores y justiciables con espacios dignos, modernos y seguros.
Ello es mi deber no solo atendiendo a mi envestidura como Magistrado del Poder Judicial del Estado, sino como un ciudadano solidario y empático con mis compañeros de trabajo y la ciudadanía en general, atento además a los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis que enfrentamos y, que nos afecta.
Este año sin duda, tiene que ser destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana: no a la corrupción y no a los gastos innecesarios en el Poder Judicial del Estado.
Tengo la convicción de que si nos sumamos a este proyecto pronto podemos empezar a dar soluciones eficientes, a superar la crisis financiera que nos impacta y a seguir creciendo para seguir impartiendo una administración de justicia de excelencia, por ello exhorto a mis compañeros Magistrados a sumarse a esta iniciativa por el bien de las y los veracruzanos.
Estamos trabajando para ello.
Esteban Martínez.
Magistrado Consejero.
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