• Advierte Administración del Consejo de la Judicatura la necesidad de aplicar medidas de ahorro.
El Poder Judicial del estado vive una nueva etapa en materia de administración. Con apego a la legalidad, plena responsabilidad y respeto a los derechos laborales, se pondrá en marcha un plan de austeridad que garantice fortaleza en las finanzas internas, anunció la directora de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Bautista Flores.
Al referir el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Austeridad Republicana, recordó que el Estado mexicano y sus instituciones han puesto en marcha distintos mecanismos de reestructuración sin tocar a la clase trabajadora y dijo que dicho plan interno sí contempla reducir prestaciones y salarios a las y los magistrados.
Bautista Flores consideró imperativo eliminar los excesos registrados en la institución. Mencionó que el monto a pagar en este año por concepto de las ciudades judiciales alcanza los 100 millones de pesos, a lo que agregó los costos de operación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz.
Para este mismo periodo, añadió, el presupuesto aprobado es de mil 600 millones de pesos, mientras que los compromisos a cubrir rondan los 2 mil 120 millones de pesos.
Al reconocer que la crisis financiera dentro del Poder Judicial data de por lo menos 14 años, la Directora de Administración del Consejo de la Judicatura mencionó que este año la nómina asciende a mil 687 millones de pesos de pesos, 83 millones menos de lo asignado.
La solución para afrontar la crisis financiera –aclaró Joana Bautista- no es la solicitud de créditos ni tampoco recurrir al Fondo Auxiliar, que “es para mejorar infraestructura y hacerla crecer, no para pagar excesos”, sino la aplicación de medidas de un plan de austeridad que permitan generar ahorros.
Afortunadamente, dijo, ya inició la reestructuración del Poder Judicial del Estado con la desaparición de los juzgados microrregionales; el siguiente paso es eliminar los gastos excesivos y redirigir los recursos a áreas prioritarias y actividades sustanciales.
La funcionaria reconoció en esta etapa una oportunidad para corregir el rumbo y poner de manifiesto el compromiso con la legalidad y la justicia desde dentro. “Queremos finanzas sanas en el Poder Judicial del Estado y en la Dirección de Administración, de manera responsable, estamos haciendo lo necesario para que así sea”, concluyó.
