La gobernadora de Veracruz criticó la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación por ignorar la realidad de las zonas rurales, aunque confirmó que entregará la documentación requerida.
La gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle García, expresó su profunda inconformidad ante la reciente solicitud emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Durante una entrevista matutina este 28 de septiembre de 2026, la mandataria estatal calificó de “absurdo” el requerimiento del órgano fiscalizador, el cual exige la entrega detallada de las listas de asistencia de todos los maestros que laboran en la entidad veracruzana.
El principal argumento de la titular del Ejecutivo estatal radica en las complejas condiciones geográficas y tecnológicas que
imperan en diversas regiones del territorio. Nahle García cuestionó severamente que la dependencia federal pretenda contar
con registros electrónicos de asistencia magisterial en localidades marginadas donde, hasta la fecha, no existe conexión
a internet ni la infraestructura digital adecuada para cumplir con dicho formato.
Desconocimiento de la realidad estatal
En su declaración pública, la gobernadora dirigió sus críticas directamente hacia el titular de la ASF, Aureliano
Hernández Palacios Cardel. A pesar de que el funcionario es originario de la capital veracruzana, Xalapa, Nahle
aseveró de manera contundente que el auditor “no conoce Veracruz” ni la realidad operativa a la que se
enfrentan diariamente los docentes en las zonas rurales.
Para ilustrar la magnitud del problema, la mandataria mencionó regiones específicas de alta marginación como Uxpanapa, Ilamatlán y Zongolica. En estas áreas montañosas y selváticas, explicó, operan múltiples escuelas bajo la modalidad multigrado, donde un solo maestro debe atender a alumnos de diversos grados de manera simultánea, haciendo completamente inviable un pase de lista electrónico.
Además de las limitaciones tecnológicas, la gobernadora destacó que el magisterio veracruzano realiza un esfuerzo extraordinario para llevar la educación a los rincones más apartados. Por ello, consideró que la exigencia de la ASF demuestra una falta de empatía y comprensión sobre las verdaderas dinámicas laborales que sostienen el sistema educativo en las comunidades indígenas y campesinas.
Cumplimiento institucional y carga administrativa
A pesar de considerar la medida como una “locura” y una carga burocrática desproporcionada, Rocío Nahle garantizó que su administración acatará la instrucción federal sin excepciones. La gobernadora subrayó que la entrega de la información se realizará estrictamente para evitar cualquier señalamiento de desacato o futuras observaciones administrativas por parte del ente fiscalizador.
El proceso de recopilación de estos datos ha requerido un despliegue logístico mayúsculo por parte de las autoridades educativas y financieras del estado. Según detalló la mandataria, el trabajo coordinado de su equipo, sumado a la implementación previa de una nómina única estatal, ha sido un factor fundamental para lograr concentrar la vasta documentación exigida en un tiempo récord.
Asimismo, se aclaró que una de las razones detrás de la complejidad del registro es que algunos docentes cuentan con doble
plaza, una situación que la gobernadora defendió como una legítima conquista sindical del pasado. Esta particularidad administrativa multiplica el volumen de los expedientes que deben ser justificados y presentados ante las autoridades federales para su respectiva validación.
El reto logístico de la fiscalización
En un tono irónico, la gobernadora advirtió sobre el inmenso volumen físico que representará este trámite burocrático para ambas instancias. Señaló que el gobierno estatal se verá en la necesidad de trasladar “cajas y cajas de papeles” a las oficinas centrales de la ASF, evidenciando lo arcaico que resulta imprimir registros que en otras circunstancias podrían manejarse de forma digital.
Finalmente, Nahle García puso en duda la capacidad real y operativa del organismo fiscalizador para revisar exhaustivamente cada uno de los documentos impresos que avalan la labor del magisterio. Mientras tanto, reiteró que su gobierno mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal para continuar fortaleciendo el sector educativo en Veracruz, más allá de los requerimientos de auditoría.
Fuente: Diario del Istmo