Por Iván Calderón
Hay quienes traen un pleito tan atravesado con Rocío Nahle que ya metieron a su esposo, a sus hijas, al yerno y ahora hasta a un bebé en sus publicaciones. Después ponen cara de ofendidos cuando la gobernadora responde.
¿Qué esperaban? ¿Que les agradeciera? ¿Que se quedara callada mientras convierten a su familia en blanco de sospechas?
Cualquier persona se defendería frente a la injuria y la calumnia. Cualquier madre reaccionaría por sus hijas. Cualquier abuela pondría un alto cuando utilizan a su nieto para pegarle.
La investidura no cancela los afectos. Tampoco obliga a entregar la dignidad.
Y aquí hay archivo.
En 2022, una periodista sentenciada por violencia política contra las mujeres de apellido Guerrero publicó sobre un supuesto festejo de cumpleaños de una hija de Nahle en Tulum. Involucró también a su hermana y atribuyó gastos a proveedores y contratistas de Pemex. Para explicar cómo habría ocurrido aquello, utilizó una expresión que retrata el problema: “seguramente pidió”.
Seguramente.
Sin exhibir en aquella publicación los comprobantes que acreditaran quién había pagado, la sospecha ya estaba convertida en conclusión.
Qué facilidad: unos ponen el “seguramente” y la familia señalada tiene que cargar con el escándalo.
Luego llegó la campaña de 2024 y con ella los señalamientos sobre propiedades, cuentas en el extranjero y presuntas irregularidades patrimoniales. Arturo Castagné denunció a Nahle y a su esposo, José Luis Peña Peña. Ella rechazó las acusaciones y anunció acciones legales, incluyendo señalamientos por la supuesta falsificación de documentos bancarios.
En esa confrontación sí hubo una sentencia civil documentada: el 14 de marzo de 2025, un juzgado condenó a Castagné por daño moral y ordenó una indemnización cercana a los 14 millones de pesos, además de publicar un extracto del fallo. La cobertura del proceso reportó que fue declarado en rebeldía por no contestar la demanda.
También circuló la versión de una supuesta doble jubilación del esposo de la gobernadora en Pemex. Nahle la rechazó, explicó que él trabajó 33 años en la empresa y cuestionó la interpretación que se había hecho de sus recibos de nómina.
Más adelante regresaron las versiones sobre cuentas bancarias y presuntas medidas financieras en Estados Unidos. En septiembre, volvió a negar que tuviera cuentas en ese país y que se las hubieran cancelado a ella o a integrantes de su familia.
La pregunta es inevitable: ¿dónde termina la investigación y dónde empieza la costumbre de dar por cierto todo lo que sirve para golpear?
Porque repetir una acusación puede multiplicar su alcance. No multiplica sus pruebas.
Este 12 de octubre, Nahle respondió a Jorge Fernández Menéndez por los señalamientos sobre un supuesto vínculo de su esposo con Iván “N”, alias “El Tanque”. Los calificó como mentira y calumnia, y exigió que presentara pruebas ante las autoridades o se disculpara públicamente.
Relacionar a alguien con la delincuencia organizada es una imputación gravísima. No basta el prestigio que una firma se atribuya, el tamaño del medio donde publique o la seguridad con la que redacte.
Hay que sostener lo escrito.
Y exigir ese sustento no debería provocar tanta incomodidad entre quienes aseguran tenerlo.
Pero faltaba otro episodio.
Ahora hasta con el nieto.
Castagné publicó que “al parecer” una hija de Rocío Nahle había viajado con su bebé a Monterrey en una aeronave del Gobierno de Veracruz. Para acompañar su señalamiento mostró información del avión y sus recorridos.
¿Los nombres de los pasajeros? No aparecen en la captura.
¿La bitácora que acredite que la hija y el bebé iban a bordo? Tampoco la mostró.
Pero la acusación ya estaba circulando.
Una aplicación puede mostrar el desplazamiento de una aeronave. No permite adivinar quién iba sentado dentro. Ese salto requiere documentos.
Y todavía escribió “nieta”, cuando la gobernadora había informado que nació un niño (15 días atrás). El error no demuestra quién viajó, pero exhibe el cuidado con el que lanzó una publicación que involucra a un recién nacido.
Además, las decisiones de una pareja sobre el nacimiento de su hijo no acreditan por sí mismas una irregularidad de la abuela. Quien afirme que se utilizaron recursos públicos debe demostrarlo.
Rocío Nahle tiene obligaciones como gobernadora. Quienes la señalan tienen responsabilidades sobre lo que publican. Y su nieto no tiene ninguna participación en esta disputa.
¿Tan difícil resulta entenderlo?
Luego viene la escena conocida: se lanza la acusación, se difunde, se comparte y, cuando llega la respuesta, el acusador pretende que pedirle pruebas es una afrenta.
Qué cómoda valentía: golpear sin medida y reclamar delicadeza cuando les contestan.
Nahle puede defender su reputación y la de su familia. Puede exigir rectificaciones y acudir a las vías legales correspondientes. Cada acción deberá valorarse por sus méritos.
La libertad de expresión merece una defensa seria. Usarla como excusa para eludir la verificación termina degradando el oficio que dicen representar.
Y ésta es la parte que algunos deberían leer dos veces: la fuerza de una investigación está en lo que demuestra. El volumen del insulto no corrige la debilidad de una prueba.
A Rocío Nahle se le pueden exigir cuentas todos los días. A su familia no se le puede atribuir cualquier cosa sólo porque su apellido produce clics.
Si tienen pruebas, publíquenlas. Si sólo tienen un “al parecer”, háganse cargo de su ligereza. Y si para golpear a una gobernadora necesitan meter hasta a un bebé, la miseria que queda expuesta es la de ustedes y en las y los que lo replican.
Fin.
@IvanKalderon
Fuente: Noticias Perfil