La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las acciones para que Inés Gómez Mont regrese a México y enfrente los procesos judiciales en su contra. La conductora, detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que la ejecución de los mandamientos judiciales dependerá de la resolución que adopten las autoridades migratorias estadounidenses sobre la situación de Gómez Mont. Si determinan su deportación, la Fiscalía ejecutará las tres órdenes de aprehensión inmediatamente después de su llegada al país.
La funcionaria hizo una precisión sobre el procedimiento: la detención de la conductora en Florida no deriva, por ahora, de una resolución de extradición, sino de su situación migratoria.
“Su detención obedece, en este momento, a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de los Estados Unidos de América”, explicó.
Las tres órdenes fueron libradas por jueces federales. Una fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos fueron promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada.
Gestiones de México para que regrese
Godoy señaló que la FGR comenzó las gestiones para lograr que Gómez Mont comparezca ante la justicia mexicana desde que salió del país.
En septiembre de 2025, la institución solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición. Posteriormente, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, integró la petición formal correspondiente.
La fiscal agregó que durante las últimas semanas se mantuvo el intercambio de información entre ambos países y que México entregó las órdenes de aprehensión vigentes.
Por ahora, el siguiente paso depende de las autoridades estadounidenses. Si se resuelve su deportación, la FGR procederá con los mandamientos judiciales; si se determina otra vía para resolver su situación migratoria, el procedimiento deberá atenderse conforme a las decisiones de ese país.
Una investigación que comenzó en 2019
El expediente contra Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, tiene antecedentes desde noviembre de 2019, cuando la FGR abrió una carpeta de investigación por su probable participación en una estructura dedicada a simular operaciones comerciales, ocultar recursos y reducir obligaciones fiscales.
En enero de 2022, la Fiscalía informó públicamente que la investigación involucraba a varias personas y siete empresas. De acuerdo con la dependencia, la estructura presuntamente operaba mediante contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, utilizando comprobantes fiscales para aparentar la prestación de servicios que no se habrían realizado.
La investigación también señala que los recursos eran transferidos entre distintas compañías para dificultar el rastreo de su origen y posteriormente incorporarlos al sistema financiero como si fueran ganancias legales.
En ese contexto, la FGR identificó contratos relacionados con los Centros Federales de Readaptación Social. El mensaje de Godoy refiere un monto cercano a 2 mil 450 millones de pesos, vinculado con recursos destinados a la seguridad penitenciaria. La Fiscalía había informado en 2022 sobre dos contratos por 2 mil 950 millones de pesos, cifra que corresponde a sus antecedentes públicos de aquella investigación.
Es importante distinguir el monto total de los contratos investigados de los recursos que presuntamente habrían llegado a las cuentas personales de Gómez Mont: no son cantidades equivalentes.
Situación migratoria y antecedentes internacionales
La detención en Florida ocurrió después de casi cinco años en los que Gómez Mont permaneció fuera de México y era buscada por las autoridades mexicanas.
Otro antecedente relevante es que, en septiembre de 2026, se informó sobre el retiro de las notificaciones rojas de Interpol contra Gómez Mont y Álvarez Puga. Esa decisión generó cuestionamientos del gobierno mexicano y no significó la cancelación de las órdenes de aprehensión emitidas en México.
La detención de Gómez Mont en Estados Unidos reactivó las gestiones para que enfrente las acusaciones en territorio mexicano. Sin embargo, su eventual regreso dependerá de la resolución migratoria estadounidense o de los procedimientos de cooperación internacional correspondientes.
La fiscal general reiteró que la investigación deberá seguir su curso ante las instancias judiciales y que la responsabilidad de Gómez Mont no está determinada.
La exconductora conserva la presunción de inocencia y serán los tribunales mexicanos los que resuelvan los señalamientos en su contra, con respeto al debido proceso.
“A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante ellos”, afirmó Godoy, quien concluyó: “Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.
Fuente: Revista Fortuna